El acceso a la justicia es un derecho humano que hoy se ve vulnerado para los tucumanos y tucumanas de bajos recursos. El ingreso máximo de una persona que necesita un abogado/a oficial está establecido en $12.000 al día de hoy. Eso quiere decir que una familia que tiene ese ingreso debe contratar un profesional que a la fecha cobra (por mandato del Colegio de Abogados) $25.000. Este claro desfasaje debe rectificarse para asegurar que los tucumanas y tucumanos tengan un acceso real a la Justicia, por eso solicitamos al Poder Judicial que tome cartas en el asunto.