El proyecto propone fijar un tope máximo de 3 unidades por familia en la adquisición de cada producto y el establecimiento de precios máximos en los productos de la canasta básica alimentaria.
Este proyecto responde a una tendencia de familias con gran poder adquicitivo de stoquearse durante los primeros días de la crisis sanitaria por el covid-19 generando desabastecimiento y aumento de los precios complicando el acceso a bienes básicos a ciudadanos y ciudadanas con menos poder adquicitivo.